Desde septiembre de 2021 hasta el año 2.025 el lobo ibérico ha estado en el listado de Especies en Régimen de Protección Especial (lespre) estando prohibida su caza.
Si en 2014, habían 297 manadas en todo el país, en 2024, habría unas 365, aumentando su población un 11%, consiguiéndose un equilibrio natural del medio ambiental.
Según estudios publicados por la Wildlife Conservatión Society y grupos ecologistas y científicos, sostienen que la caza de ejemplares al azar desestructura las manadas y puede aumentar la depredación sobre animales domésticos al alterar su comportamiento natural “para un lobo solitario es más fácil ir a por una oveja que a por un jabalí”.
Por contraposición, durante estos 4 años de protección, según la COAG, los ataques de estos animales han aumentado un 38%, perdiendo el sector de la ganadería tradicional unas 3,5 millones de cabezas de ganado.
Por ello, organizaciones como COAG exigían que se autorizara de nuevo su caza, como finalmente ha ocurrido con los votos a favor de PP, VOX, PNV, Junts y las abstenciones de ERC y EH Bildu.
Las enmiendas que han permitido que se pueda capturar de nuevo al lobo se refieren al desperdicio alimentario de carne que genera la especie al atacar animales domésticos. Esos despojos se consideran “residuos” no gestionados.
El gobierno cántabro ya ha anunciado que prevé eliminar 40 lobos. “El asunto del lobo hoy es más político que otra cosa, no hay razones científicas que avalen esta decisión a favor de su caza”, asegura Juan Carlos Blanco, investigador y miembro de la Estrategia Europea para los Grandes Carnívoros (LCIE, UICN).
Tanto el sector ganadero como algunos grupos ecologistas consideran que la protección del lobo es fundamental para tener un buen equilibrio del ecosistema, pero aun reconociendo mejoras en el pago de compensaciones, denuncian la falta de aplicación por parte de los representantes políticos de medidas efectivas para prevenir los ataques y garantizar una coexistencia real.
Tanto para el sector ganadero como ecologistas la solución, exige: escucha, ciencia y gestión rápida y efectiva, dejando aparte los pulsos ideológicos y políticos.
Desde la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo (ASCEL), Jorge Echegaray, climatólogo y su portavoz, denuncia que las comunidades autónomas utilizan mal los 20 millones aportados por el Gobierno: “Se aumentan los pagos por los daños, hasta convertir las denuncias en un negocio; por eso hay más casos, que no se investigan a fondo para comprobar si realmente son lobos o no los culpables.
Alberto Fernández, investigador del CBD-CSIC, no cree que las quejas de los ganaderos sean generalizadas: “Escuché a un cántabro decir que le pagan cuatro veces más por un ternero atacado por un lobo que su precio en el mercado”.
Según la web de la Comunidad de Madrid, en 2024 se pagaban 500 euros por oveja o cabra fallecida por fauna silvestre. Este ganadero denunció que le mató 17 ovejas.
Lo que los científicos consultados tienen claro es que cazar lobos, lejos de solucionar problemas a la ganadería extensiva, los aumentará.
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