Muchos autónomos llevan esperando más de un año a que Hacienda les ingrese la devolución de un impuesto.
El Tribunal Supremo acaba de habilitar el uso de una nueva vía para reclamar las devoluciones tributarias en todos aquellos casos en los que la Agencia Tributaria utiliza el silencio administrativo.
La medida permitiría a cualquier contribuyente, acceder al cobro de un pago que está pendiente desde hace más de seis meses y sobre el que no tienen respuesta de la Administración.
La sentencia emitida por el Tribunal Supremo el pasado 4 de marzo de 2022 dice: “Si Hacienda no hace nada, es decir si no te devuelve el dinero y tampoco inicia un procedimiento de comprobación en seis meses. Cuando se termine ese plazo, se le reconoce automáticamente el crédito al autónomo y se establece la obligación de que Hacienda tiene que pagar esa deuda”.
Gracias a esta sentencia, cualquier contribuyente pueden llevar el caso directamente a la vía Contencioso-Administrativa, para obligar a la Agencia Tributaria abonar el importe que debe, más los intereses por el retraso en el pago y las costas del proceso judicial”.
Este procedimiento puede ser utilizado en todas aquellas devoluciones tributarias que deban ser abonadas por la Administración y en las que ésta se retrase en exceso.
Dos requisitos para utilizar el nuevo procedimiento
Las personas y los trabajadores por cuenta propia interesados en hacer uso de este nuevo procedimiento deben cumplir dos requisitos:
- El primero, tiene que existir siempre una obligación de la Administración a realizar el pago.
- El segundo requisito, es que pasen tres meses desde que se hubiera reclamado por vía administrativa la devolución y no se hubiera obtenido una respuesta.
¿A qué otros supuestos se pueden extrapolar esta decisión del Supremo?
El nuevo mecanismo de reclamación de deudas tributarias, también podrá ser utilizado por los contribuyentes para desbloquear aquellas situaciones en las que el Tribunal Económico Administrativo le haya dado la razón y sin embargo la Administración -local, autonómica o central- retrase en exceso la ejecución de dicha resolución.
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